https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/21119 DEC#FP - DHCD 2026-04-23T05:10:11Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610501 DHCD-2026-4-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Su profunda preocupación por la Ley N.º 27.938 Régimen Penal de Responsabilidad Juvenil recientemente sancionada por el Congreso Nacional en el mes de febrero de 2026. Este H. Consejo Directivo se expide en contra y rechaza la sanción de dicha Ley por considerar que va en contra de los compromisos asumidos por nuestra Nación en su Constitución en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penal es una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Asimismo, el presupuesto en la antedicha Ley destinado para la política de esta medida regresiva es claramente insuficiente, de modo que es una ley que sienta las bases de su ineficiencia y desresponsabilización social y estatal. Además, consideramos que, en esta coyuntura política, bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida con fines demagógicos. Proponer la baja de la edad de imputabilidad como una medida mágica para resolver problemas de seguridad es insuficiente ya que no aborda las causas de la inseguridad. En la práctica el sistema penal vigente es selectivo, criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos donde muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. Según cifras de UNICEF, del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país la participación de menores de 18 años es minoritaria y más aun de menores de 16 años. En relación con la población en dispositivos de cumplimiento de las medidas judiciales de carácter penal, el informe de UNICEF y SENAF 2022, señala que las y los adolescentes de entre 14 y 17 años incluidos en dispositivos de privación de libertad, de restricción de libertad y de medida penal en territorio representan menos del 0,1 por ciento del total de la población de su franja etaria. Necesitamos otro modelo de seguridad y una política criminal democrática en serio, que incluya a la totalidad. La propuesta de una Ley acorde a estos principios debe considerar el fortalecimiento de espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes y promover que se generen nuevos espacios, donde puedan reconocerse como actores políticos, sujetos de derechos y agentes de cambio parte de nuestra sociedad. Este H. Consejo Directivo se pronuncia a favor de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que contribuya al cuidado de nuestras infancias y adolescencias para el logro de una sociedad más justa e inclusiva 2026-03-27T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610500 DHCD-2026-3-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Su profunda preocupación y rechazo a la reciente reforma de la Ley Laboral, presentada públicamente bajo una retórica de modernización y libertad de contratación. Si bien el discurso oficial sostiene que la reforma promueve mayor flexibilidad en la contratación y en la gestión del trabajo —lo que podría traducirse en agilidad operativa y reducción de costos en el corto plazo—, un análisis más profundo permite advertir tensiones significativas entre dicha narrativa y los posibles efectos concretos de su implementación. Es de un gran reduccionismo pensar que el trabajo constituye únicamente un contrato formal entre partes. Es, ante todo, un vínculo social que se sostiene en dimensiones explícitas e implícitas: expectativas compartidas, reconocimiento, estabilidad, confianza y previsibilidad. Estos componentes configuran lo que en el campo de la psicología del trabajo y la organizacional se comprende como el entramado relacional que da estructura al lazo empleado-empleador y que incide directamente en la salud psíquica y social de quienes trabajan. La reforma, al reconfigurar los sistemas de contratación y flexibilizar las condiciones de estabilidad, podría profundizar escenarios de incertidumbre que erosionan esas bases relacionales. El debilitamiento de garantías impacta no solo en las condiciones materiales de trabajo, sino también en las representaciones sociales del trabajo, promoviendo una creciente individualización de las trayectorias laborales en detrimento de las construcciones colectivas y de los marcos de pertenencia institucional. Se trata de una norma presentada bajo el signo de la modernización que, no obstante, interviene principalmente sobre el trabajo concebido en su sentido tradicional, reduciendo derechos y flexibilizando regulaciones históricamente consolidadas. Al mismo tiempo, deja fuera de su ámbito de incumbencia a las nuevas modalidades laborales que caracterizan el escenario contemporáneo, tales como el trabajo autónomo o por cuenta propia y el trabajo mediado por plataformas digitales —repartidores, conductores y otras formas de prestación organizadas algorítmicamente—. Estas modalidades, lejos de constituir fenómenos marginales, forman parte sustantiva del actual entramado productivo y, sin embargo, permanecen insuficientemente reguladas, sin garantías claras en materia de estabilidad, seguridad y protección social. Desde una perspectiva académica y comprometida con la salud mental, los derechos de los y las trabajadores/as y la sustentabilidad de las organizaciones, advertimos que toda transformación normativa en materia laboral debe resguardar el equilibrio en la relación empleado-empleador, dejando de profundizar las dinámicas de asimetría y pérdida de garantías que deterioran el tejido social del trabajo. La Facultad de Psicología reafirma su compromiso con el análisis crítico, la producción de conocimiento y la defensa de condiciones laborales que promuevan la dignidad, estabilidad y bienestar en las organizaciones y en la sociedad en su conjunto. 2026-03-27T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610499 DHCD-2026-2-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso histórico con la ampliación de derechos, la igualdad de género y la construcción de una sociedad libre de violencias. Se trata de una jornada de memoria y lucha en la que se recuperan las demandas de trabajadoras que se organizaron frente a la explotación laboral, la desigualdad salarial, la precarización en las condiciones de trabajo y la negación de derechos básicos. Hoy, esas demandas nos encuentran en un contexto por demás adverso, marcado por una reforma laboral que enuncia abiertamente la pérdida de derechos que son conquistas históricas, y por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo de las universidades públicas. Sin desconocer que desde hace décadas el mundo del trabajo en nuestro país está atravesado por la precarización y la desregulación, advertimos que estas condiciones se profundizan en el caso de mujeres y del colectivo LGTTTBIQ+. La reciente reforma, al promover mayores márgenes de flexibilización en la organización del tiempo de trabajo, no contempla que las tareas de cuidado continúan recayendo sobre mujeres y diversidades. En un escenario donde persisten brechas en el acceso a empleos de calidad y a posiciones jerárquicas, ampliar la disponibilidad horaria exigible sin políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad social, implica consolidar desigualdades estructurales. Como institución pública formadora de Profesionales de la Salud Mental, sostenemos que las desigualdades de género no son hechos aislados ni casos individuales, sino que se inscriben en estructuras sociales que producen brechas económicas, sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas, violencias por motivos de género y barreras en el acceso a derechos. Estas condiciones impactan de manera directa en la salud mental de mujeres y disidencias, profundizando situaciones de vulnerabilidad 2026-03-27T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610496 DHCD-2026-1-UNC-DEC#FP Consejo Directivo EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA D E C L A R A: Su profunda preocupación ante la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas argentinas, como consecuencia de la falta de actualización de las partidas asignadas y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En un contexto de alta inflación acumulada y sostenido deterioro del salario real, la ausencia de respuestas concretas compromete gravemente el funcionamiento académico, científico e institucional de nuestra Facultad. La degradación de las condiciones salariales de Docentes y Nodocentes no solo vulnera derechos laborales, sino que erosiona las bases mismas sobre las que se sostiene la universidad pública: el trabajo comprometido, la producción de conocimiento y la transmisión crítica del saber. Resulta particularmente alarmante que, mientras se presenta discursivamente un horizonte de modernización y eficiencia del Estado, se desfinancie de manera sistemática a uno de los pilares estratégicos para el desarrollo nacional: la Educación Superior Pública. El incumplimiento de la normativa vigente no constituye un hecho meramente administrativo, sino una decisión política que impacta de manera directa en el derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. En el caso de la Facultad de Psicología, esta situación adquiere una dimensión aún más sensible. La formación de Profesionales de la Salud Mental, la investigación científica y las acciones de extensión que desarrollamos cotidianamente se inscriben en un contexto social atravesado por múltiples formas de sufrimiento psíquico y desigualdad. Debilitar a la Universidad Pública en este escenario implica debilitar también la capacidad colectiva de respuesta frente a esas problemáticas. Este H. Consejo Directivo adhiere en todos sus términos a la Declaración de Emergencia Presupuestaria, Salarial y de Becas emitida por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y exige el cumplimiento inmediato y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, garantizando la actualización de las partidas presupuestarias conforme a la inflación acumulada. Reafirmamos, finalmente, nuestro compromiso histórico con la defensa de la Educación Pública como derecho humano fundamental y como responsabilidad indelegable del Estado. La Universidad Pública no es un gasto: es una inversión social estratégica y una condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria 2026-03-27T00:00:00Z