https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/21119 DEC#FP - DHCD 2026-05-13T16:36:40Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/615725 DHCD-2026-5-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Su rechazo a cualquier modificación regresiva de la Ley Nacional Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, por la intrínseca y vital vinculación que existe entre la protección que esta ley supone y la salud. Ello considerando que esta facultad, como parte de una Universidad Nacional, se dedica a la formación en una disciplina de interés público vinculada con el campo de la salud. Los glaciares se localizan a lo largo de 3500 kilómetros de la Cordillera de los Andes, recorriendo 12 provincias y 39 cuencas hídricas. Existen declaraciones de ámbitos académico-científicos como la realizada por CICTERRACONICET, en la cual se señala que: “La ley de glaciares tiene como objetivo proteger integralmente los glaciares y el ambiente periglaciar, reconociéndolos como bienes públicos estratégicos por su rol esencial en la provisión y regulación del agua en las regiones cordilleranas y en todo el territorio nacional (...) Para garantizar su preservación, en un contexto de crisis climática con registros alarmantes de retracción de glaciares, la ley vigente prohíbe actividades que puedan alterar su condición natural, como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la liberación de contaminantes o cualquier otra obra que implique su destrucción o degradación. De este modo, la ley busca asegurar la disponibilidad de agua pura para las comunidades, los ecosistemas y las economías regionales, protegiendo un patrimonio ambiental clave para las generaciones presentes y futuras”. A esto se agrega que: “Con las modificaciones propuestas, tanto los glaciares como el ambiente periglacial pierden su protección integral tal como la tenían hasta ahora y dejan especialmente vulnerables a regiones áridas y semiáridas con riesgo de quiebra hídrica (ONU, 2026; https://unu.edu/inweh/collection/global-water-bankruptcy), en un contexto global de crisis ambiental y climática. Si esto ocurre, estaríamos frente a escenarios de crisis hídrica severos en una amplia proporción del territorio argentino, con la consecuente simplificación ecosistémica, amenaza a ecosistemas fundamentales para la ganadería de subsistencia y la fauna silvestre (por ej. humedales de alta montaña, bosques andino patagónicos, turberas) y profundización de contextos de riesgo ambiental” (https://cicterra.conicet.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/6/2026/03/Declaratoria-C ICTERRA-de-rechazo-a-lamodificacion-de-Ley-de-Glaciares_FINAL.pdf) La Ley Nº 26.639 prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial”; ello incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias” La Ley Nº 26.639, que se pretende modificar, se basa en el derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en el cual se plantea que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (...) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales (…) La modificación de la Ley contraría principios fundamentales del derecho ambiental argentino establecidos en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, tales como el principio de prevención, el principio precautorio y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo Escazú. La Ley Nº 26.639 establece la protección de glaciares y de ambiente periglacial por ser reservas hídricas para recarga de cuencas hidrográficas que abastecen el consumo humano y la producción agrícola, Se trata de zonas donde se encuentran las nacientes de los ríos del 70% del territorio nacional, de los cuales se abastecen aproximadamente 7 millones de habitantes. La reforma de la Ley Nº 26.639 apunta a que no se respete el inventario de glaciares reconocido por ley, basado en criterios científicos, y que la decisión de explotarlos quede en funcionarios de turno La reforma de la Ley implicaría un grave retroceso en materia ambiental, ya que habilitan actividades prohibidas —extractivas y contaminantes — en zonas glaciares y periglaciares. La superficie que protege la Ley vigente es SOLO el 0,3% del territorio continental argentino. La modificación busca reducir este porcentaje en favor de intereses de mineras, entre las cuales se encuentran algunas que ya están violando leyes nacionales extrayendo millones de litros de agua y contaminando cuencas (Ej: a partir de piletas de lixiviación con “agua mortal”). La masiva participación en la audiencia pública nacional convocada para los días 25 y 26 de marzo de 2026 da cuenta del interés profundo que despierta el tema en la población. En un contexto de crisis climática, debilitar la protección de glaciares habilita daños irreversibles que ponen en riesgo la seguridad hídrica y vulnera derechos de generaciones futuras. Protocolizar, publicar, comunicar, dar la más amplia difusión, elevar al H. Consejo Superior y archivar. 2026-04-30T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610501 DHCD-2026-4-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Su profunda preocupación por la Ley N.º 27.938 Régimen Penal de Responsabilidad Juvenil recientemente sancionada por el Congreso Nacional en el mes de febrero de 2026. Este H. Consejo Directivo se expide en contra y rechaza la sanción de dicha Ley por considerar que va en contra de los compromisos asumidos por nuestra Nación en su Constitución en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penal es una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Asimismo, el presupuesto en la antedicha Ley destinado para la política de esta medida regresiva es claramente insuficiente, de modo que es una ley que sienta las bases de su ineficiencia y desresponsabilización social y estatal. Además, consideramos que, en esta coyuntura política, bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida con fines demagógicos. Proponer la baja de la edad de imputabilidad como una medida mágica para resolver problemas de seguridad es insuficiente ya que no aborda las causas de la inseguridad. En la práctica el sistema penal vigente es selectivo, criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos donde muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. Según cifras de UNICEF, del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país la participación de menores de 18 años es minoritaria y más aun de menores de 16 años. En relación con la población en dispositivos de cumplimiento de las medidas judiciales de carácter penal, el informe de UNICEF y SENAF 2022, señala que las y los adolescentes de entre 14 y 17 años incluidos en dispositivos de privación de libertad, de restricción de libertad y de medida penal en territorio representan menos del 0,1 por ciento del total de la población de su franja etaria. Necesitamos otro modelo de seguridad y una política criminal democrática en serio, que incluya a la totalidad. La propuesta de una Ley acorde a estos principios debe considerar el fortalecimiento de espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes y promover que se generen nuevos espacios, donde puedan reconocerse como actores políticos, sujetos de derechos y agentes de cambio parte de nuestra sociedad. Este H. Consejo Directivo se pronuncia a favor de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que contribuya al cuidado de nuestras infancias y adolescencias para el logro de una sociedad más justa e inclusiva 2026-03-27T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610500 DHCD-2026-3-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Su profunda preocupación y rechazo a la reciente reforma de la Ley Laboral, presentada públicamente bajo una retórica de modernización y libertad de contratación. Si bien el discurso oficial sostiene que la reforma promueve mayor flexibilidad en la contratación y en la gestión del trabajo —lo que podría traducirse en agilidad operativa y reducción de costos en el corto plazo—, un análisis más profundo permite advertir tensiones significativas entre dicha narrativa y los posibles efectos concretos de su implementación. Es de un gran reduccionismo pensar que el trabajo constituye únicamente un contrato formal entre partes. Es, ante todo, un vínculo social que se sostiene en dimensiones explícitas e implícitas: expectativas compartidas, reconocimiento, estabilidad, confianza y previsibilidad. Estos componentes configuran lo que en el campo de la psicología del trabajo y la organizacional se comprende como el entramado relacional que da estructura al lazo empleado-empleador y que incide directamente en la salud psíquica y social de quienes trabajan. La reforma, al reconfigurar los sistemas de contratación y flexibilizar las condiciones de estabilidad, podría profundizar escenarios de incertidumbre que erosionan esas bases relacionales. El debilitamiento de garantías impacta no solo en las condiciones materiales de trabajo, sino también en las representaciones sociales del trabajo, promoviendo una creciente individualización de las trayectorias laborales en detrimento de las construcciones colectivas y de los marcos de pertenencia institucional. Se trata de una norma presentada bajo el signo de la modernización que, no obstante, interviene principalmente sobre el trabajo concebido en su sentido tradicional, reduciendo derechos y flexibilizando regulaciones históricamente consolidadas. Al mismo tiempo, deja fuera de su ámbito de incumbencia a las nuevas modalidades laborales que caracterizan el escenario contemporáneo, tales como el trabajo autónomo o por cuenta propia y el trabajo mediado por plataformas digitales —repartidores, conductores y otras formas de prestación organizadas algorítmicamente—. Estas modalidades, lejos de constituir fenómenos marginales, forman parte sustantiva del actual entramado productivo y, sin embargo, permanecen insuficientemente reguladas, sin garantías claras en materia de estabilidad, seguridad y protección social. Desde una perspectiva académica y comprometida con la salud mental, los derechos de los y las trabajadores/as y la sustentabilidad de las organizaciones, advertimos que toda transformación normativa en materia laboral debe resguardar el equilibrio en la relación empleado-empleador, dejando de profundizar las dinámicas de asimetría y pérdida de garantías que deterioran el tejido social del trabajo. La Facultad de Psicología reafirma su compromiso con el análisis crítico, la producción de conocimiento y la defensa de condiciones laborales que promuevan la dignidad, estabilidad y bienestar en las organizaciones y en la sociedad en su conjunto. 2026-03-27T00:00:00Z https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/610499 DHCD-2026-2-UNC-DEC#FP Consejo Directivo Este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso histórico con la ampliación de derechos, la igualdad de género y la construcción de una sociedad libre de violencias. Se trata de una jornada de memoria y lucha en la que se recuperan las demandas de trabajadoras que se organizaron frente a la explotación laboral, la desigualdad salarial, la precarización en las condiciones de trabajo y la negación de derechos básicos. Hoy, esas demandas nos encuentran en un contexto por demás adverso, marcado por una reforma laboral que enuncia abiertamente la pérdida de derechos que son conquistas históricas, y por el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo de las universidades públicas. Sin desconocer que desde hace décadas el mundo del trabajo en nuestro país está atravesado por la precarización y la desregulación, advertimos que estas condiciones se profundizan en el caso de mujeres y del colectivo LGTTTBIQ+. La reciente reforma, al promover mayores márgenes de flexibilización en la organización del tiempo de trabajo, no contempla que las tareas de cuidado continúan recayendo sobre mujeres y diversidades. En un escenario donde persisten brechas en el acceso a empleos de calidad y a posiciones jerárquicas, ampliar la disponibilidad horaria exigible sin políticas públicas de cuidado y corresponsabilidad social, implica consolidar desigualdades estructurales. Como institución pública formadora de Profesionales de la Salud Mental, sostenemos que las desigualdades de género no son hechos aislados ni casos individuales, sino que se inscriben en estructuras sociales que producen brechas económicas, sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas, violencias por motivos de género y barreras en el acceso a derechos. Estas condiciones impactan de manera directa en la salud mental de mujeres y disidencias, profundizando situaciones de vulnerabilidad 2026-03-27T00:00:00Z