Declaración 3/2017

Abstract

Su más enérgico repudio al ingreso ilegal de la Policía de la Provincia de Jujuy en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la detención violenta del Presidente del Centro de Estudiantes y Consejero Estudiantil, Joaquín Quispe, y del estudiante Ignacio García, sin esclarecer en ningún momento del procedimiento las causas de su detención. La noche del 12 de abril del corriente, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy; la policía a través de un inusitado operativo, que incluyó cinco móviles y efectivos pertrechados con escudos, armas largas y otros elementos, irrumpieron en el predio de la Universidad y la emprendieron contra estudiantes que estaban realizando una actividad recreativa. Los efectivos policiales interrumpieron de manera ilegal y amedrentaron contra las y los estudiantes presentes, llevándose detenidos de manera violenta al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad y Consejero Estudiantil, Joaquín Quispe, junto a otro estudiante, Ignacio García, sin esclarecer en ningún momento del procedimiento las causas de su detención. Mario Bonillo, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, debió presentarse junto a un abogado en la Seccional Primera de la capital provincial para pedir la liberación de los jóvenes, subrayando que hubo "abuso de autoridad" porque la presunta infracción por "ruidos molestos" es una "contravención provincial" que no tiene validez en un predio de jurisdicción nacional. El procedimiento que llevaron a cabo fue violatorio de lo que establece la Ley de Educación Superior N° 24.521, que en su artículo 31 enuncia: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida". Hacemos un llamado a las Autoridades de la Provincia de Jujuy para que se respete el Estado de derecho, la autonomía universitaria, y la irrestricta garantía a las libertades de los claustro universitarios. Exigimos el procesamiento correspondiente de los efectivos que se hicieron presentes en el lugar y que ejercieron maltrato físico contra los estudiantes detenidos, lo que luego fue constatado en una denuncia formal. Estas detenciones ilegales no suceden de manera aislada en la Provincia de Jujuy, sino que confirma las reiteradas denuncias sobre la ausencia del Estado de Derecho en esta provincia, y la fragilidad de las garantías constitucionales de su Población. Este tipo de accionar demuestra una clara actitud por parte del Gobierno Provincial, de desconocer y desprestigiar las distintas iniciativas sociales, culturales y políticas llevadas adelantes por distintos grupos sociales, organizaciones y gremios, depositando en la represión un intento de acallar las diversas miradas. Este hecho se enmarca en un contexto nacional preocupante: recientemente ha ingresado al Congreso de la Nación un proyecto presentado por la Alianza Cambiemos que se propone modificar cuatro artículos del Código Penal para agravar las penas ante manifestaciones públicas de todo tipo y cortes de calle o rutas. Esta reforma prácticamente convierte en ilegal a la protesta social y a quienes participan de ella. Considerar a nuestros jóvenes, y en especial a aquellos que participan políticamente, como delincuentes, es un concepto retrógrado y que nos remite a las épocas más oscuras de nuestro País. Desde la Facultad de Artes de la UNC nos hacemos eco y nos solidarizamos con las y los estudiantes y la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. Adherimos a las declaraciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras Universidades de todo el país y de América Latina que confirman la gravedad de lo acontecido. Llamamos a toda la comunidad educativa a mantenernos en estado de alerta, reafirmando nuestro compromiso de defender la Universidad y la Educación Pública, para que Nunca Más tengamos que vivir acontecimientos atroces que denigren los Derechos de los estudiantes u otros claustros de la Universidad y atropellen la construcción de una educación crítica, autónoma y emancipadora.