Declaración 4/2016

Abstract

Consideramos que el Estado tiene una responsabilidad indelegable y principal respecto de la Educación Superior, en el marco de una concepción de la educación y del conocimiento como bienes públicos y como derechos humanos. Que siempre hemos insistido en la defensa del sistema público universitario, gratuito y laico, como una vía regia para lograr las transformaciones que nuestra sociedad requiere, contribuyendo con sus conocimientos al desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia y consensuadas. En el caso de las Unidades Académicas de Psicología el desafío es mayor dado que, por contener carreras de interés público (Ley N° 24521, artículo 43), enfrentamos procesos de acreditación de las carreras de grado que contemplan modificaciones sustanciales derivadas, a su vez, de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Que, consecuentemente, resulta fundamental asegurar una adecuada articulación entre nuestras Unidades Académicas y las dependencias del Estado como la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la SEDRONAR y el CONICET, entre otras. En este contexto que requiere de profundas transformaciones y de un alto nivel de compromiso de nuestras Unidades Académicas, vemos con preocupación las circunstancias que atraviesan las Universidades Públicas en términos de presupuestos, y la comunidad de trabajadores de la Educación Superior con relación a la actualización de sus salarios y a la implementación plena del Convenio Colectivo de Trabajo. Por todo lo expuesto, solicitamos al Estado Nacional una mejora significativa del presupuesto asignado a las Universidades Nacionales, una recomposición salarial sustancial para los trabajadores de la Educación Superior, la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios y la implementación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental.