Declaración 16/2016

Abstract

La Ley de Salud Mental y Adicciones N° 26657 instaura un cambio paradigmático en las concepciones y prácticas de Salud Mental. Es una normativa que amplía y restituye Derechos para la población en general y para las personas que padecen de algún sufrimiento psíquico. La definición de salud mental enunciada por la misma en su Art. 3, la concibe como un proceso dinámico sometido a múltiples determinantes, como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. En la ley se explicitan los Derechos de las personas con padecimiento psíquico, se ubican las internaciones como recurso excepcional y se establecen mecanismos de regulación y control, se manifiesta la necesidad de abordajes por equipos interdisciplinarios y de la articulación intersectorial, avanzando en la equiparación de los profesionales del equipo al proponer que la conducción de los mismos se establezca a partir de la idoneidad para la función, no como atributo de una disciplina. También contempla las acciones de Promoción y Prevención de la Salud Mental, desde una concepción integral de la persona y desde la estrategia de la atención primaría de la salud. Por todos estos principios normativos que amplían derechos en salud mental, manifestamos honda preocupación por hechos que pudieran suceder desde el gobierno nacional en torno a modificaciones de elementos esenciales al espíritu de la Ley; acciones que responden a intereses corporativos y que vulneran principios y derechos de la población a la Salud Mental. Al mismo tiempo, nos manifestamos por la plena vigencia de la Ley N° 26657, su Decreto Reglamentario y las disposiciones normativas que de ellos emanan.