Declaración 15/2018

Abstract

Su más profunda preocupación y enérgico repudio a la represión y el desalojo que sufrió la comunidad del Barrio Parque Esperanza de la localidad de Juárez Celman, a partir de la madrugada del día 1 de junio de 2018, que se desarrolló durante más de 12 horas, realizado de forma violenta, destrozando y quemando las viviendas, dejando a familias y niños sin un techo en estos días de frío, víctimas de la ausencia del Estado. Luego de esta brutal represión, 120 familias, en su mayoría mujeres con sus niñas y niños, ancianas y ancianos, han sido desalojadas de sus precarias viviendas y se encuentran albergadas en una Capilla de Juárez Celman. Esto implica una clara vulneración de su derecho a la vivienda y el Estado lo único que ofrece es el accionar policial profundizando su situación de vulnerabilidad. Repudiamos el accionar policial en Barrio Parque Esperanza, que significó la destrucción de viviendas con topadoras, represión a las y los vecinas/os y la detención de tres de ellos. Haciendo caso omiso del recurso de amparo presentado y aceptado en el juzgado, nuevamente la violencia se hace presente como respuesta a la emergencia habitacional, priorizando el negocio inmobiliario por sobre los derechos de los/as ciudadanos/as. Exigimos a las autoridades competentes tengan a bien garantizar los derechos y cesar el desalojo, que ponen en riesgo la salud, la vida y los derechos de los y las vecinos/as del barrio Parque Esperanza e instamos a deponer las acciones de hostigamiento que se vienen realizando desde hace más de tres años contra la comunidad del barrio. En toda la provincia de Córdoba y en Argentina, la emergencia habitacional es clara, con el aumento de asentamientos precarios en los que se conviven situaciones de pobreza, vulnerabilidad social y marginación, demostrando lo inaccesible que resulta para gran parte de la población, la tierra y la vivienda. Por todo lo expresado, la Facultad de Psicología repudia la vulneración de derechos y la posibilidad de acceso a una vivienda digna de vecinas y vecinos, el uso de la fuerza pública para este desalojo y se pone a disposición para acompañar medidas contra este accionar y ofrecer instancias de apoyo a las poblaciones afectadas, teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de quienes sufren el despojo y violación de todos sus derechos, que impacta fuertemente en la subjetividad de los mismos.