Declaración 17/2018

Abstract

Su profunda preocupación por el persistente deterioro de los salarios docentes y la profundización de las políticas que desfínancian a las universidades nacionales, comprometiendo en forma progresiva su correcto funcionamiento y la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad. Mientras que la inflación registrada en el primer semestre supera el 16 %, el acuerdo salarial que el Poder Ejecutivo Nacional insistió en ofrecer a los docentes universitarios es de un 15 %, en 4 cuotas y sin cláusula de actualización para todo el año. Todas las proyecciones inflacionarias tienen un piso del 30 %, por lo que si el gobierno nacional no mejora la oferta, en 2018, la caída de los salarios docentes alcanzará 22 puntos porcentuales desde| octubre de 2015. La inversión realizada por el Estado en universidades nacionales pasó del 0,87 % del PBI en 2015, al 0,77 % en 2017 y continúa cayendo este año. El desfmanciamiento del sistema universitario no solo se evidencia en los recortes presupuestarios, sino también en la sub-ejecución de las partidas asignadas: en 2016 quedaron $ 700 millones sin ejecutar; en 2017 fueron $ 738 millones. En el primer semestre de este año la deuda exigible a la SPU asciende a $ 13.552,7 millones, afectando a todas las actividades, entre ellas las becas para estudiantes que ya habían sufrido un caída real del 44 % en el presupuesto 2018. La historia reciente nos ha mostrado a dónde conducen las políticas del ajuste permanente, y que una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede poner un freno a estas políticas en defensa del derecho a la educación superior. \ En el Centenario de la Reforma Universitaria y tras la realización de la CRES 2018 que reafirmó los acuerdos acerca de la Educación Superior como un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, expresamos nuestra preocupación por la falta de una propuesta salarial adecuada. Hay muchos caminos para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, pero para cualquiera de ellos es condición necesaria garantizar un salario digno para sus trabajadores y trabajadoras.