DCHD-2022-12-E-UNC-DEC#FP

Abstract

El rechazo a la continuidad de negociaciones y contratos entre Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción de un reactor nuclear Hualong One denominado “Atucha III”, alimentado con uranio enriquecido, a localizarse en inmediaciones de los reactores nucleares Atucha I y Atucha II (en operación) y CAREM-25 (en construcción), con un costo superior a los 8.300 millones de dólares y cercano a la localidad de Lima (Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires). Se observa con preocupación que el contrato se firmó y hasta se anticipó públicamente el comienzo de las obras a finales del 2022 sin la realización previa de una Audiencia Pública ni de un Estudio de Impacto Ambiental, hecho sumamente grave si tenemos en cuenta que cualquier reactor nuclear de potencia como el Hualong One de China, Embalse en Córdoba o las Atucha en provincia de Buenos Aires pueden sufrir el peor accidente nuclear (nivel 7 en la escala del INES) equiparable a los accidentes de Chernobyl en la ex Unión Soviética, y Fukushima-Daiichi en Japón. Un accidente o evento nuclear Nivel 7 puede exponer a miles de personas y a la biodiversidad a la radiación ionizante, desbordando los sistemas hospitalarios de atención –para lo cual no están preparados- y generando un colapso sin precedentes de la economía regional. Por “accidente” se refiere a los generados por fallas humanas, técnicas o ambas dentro de la central nuclear y por “evento” al resultado de: choque accidental, o deliberado por acto terrorista, de un avión comercial de gran porte contra el reactor nuclear, y contra los depósitos externos de combustible nuclear agotado, ambos con materiales radiactivos de alta actividad; terremoto con intensidad superior a la de diseño de la planta; fenómenos meteorológicos extremos, o su acción simultánea. El argumento de que la energía nuclear de potencia proporciona “energía verde” debido a la menor descarga del gas de efecto invernadero - dióxido de carbono- resulta un argumento falaz y sin consistencia, pues además de ignorar los riesgos de la energía nuclear -incomparablemente altos en relación con cualquier otra fuente de energía- la escasa producción de energía involucrada la descarta como “energía verde”. La población de Argentina susceptible de sufrir las consecuencias de la contaminación por causa de materiales radiactivos de alta actividad y de radiación ionizante -producto de accidentes e eventos en reactores nucleares de potencia- no ha sido preparada para enfrentarlos, ni con Manuales Ciudadanos, virtuales y no virtuales, ni con simulacros de realización periódica para mejorar la actuación ciudadana ante el peor accidente o evento (nivel 7 en la escala INES/OIEA). Peor aún, la sociedad y las instituciones, y muy especialmente los medios de comunicación social, no han sido provistos de consignas generales para actuar en caso del peor accidente nuclear o evento. Se destaca que a nivel internacional solamente 30 países de los 195 países con presencia en Naciones Unidas han desarrollado energía nuclear de potencia, entre ellos Argentina. Es equivocado creer que un país necesite de capacidades tecnológicas y humanas excepcionales para desarrollar y poseer esta tecnología. Por el contrario, la mayor parte de los países ha decidido no embarcarse por los riesgos enormes, costos dantescos y vulnerabilidad estratégica asociadas a la energía nuclear de potencia. Por esta razón Alemania, cuya tecnología está presente por ejemplo en Atucha I, decidió abandonar por completo la energía nuclear de potencia. Este abandono se debe a los riesgos, costos y vulnerabilidad y no a las falsas bondades que esgrimen las autoridades nucleares y las corporaciones privadas, beneficiarias de la fabricación de equipos, y la construcción de centrales nucleares. En el colmo del desatino, Nucleoeléctrica Argentina SA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, están ultimando los detalles para que ANSES financie con 450 millones de dólares la extensión de la vida útil de la obsoleta planta de energía nuclear de Atucha I. Por todo lo expuesto y en un todo de acuerdo con la presentación efectuada por el Prof. Dr. Raúl Montenegro, Profesor Titular Plenario de la Cátedra “A” de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología, y Director del Campus Córdoba del Right Livelihood College (RLC) se requiere a Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), con copia de la presente a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que cese toda continuidad de negociaciones y contratos como el recientemente firmado entre NASA y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One, hasta tanto se presente el Estudio de Impacto Ambiental de dicho reactor, incluida su interacción con las centrales nucleares ya existentes y en construcción en el complejo de Atucha (cercanías de Lima, Partido de Zárate). Se requiere además que se realicen las Audiencias Públicas en toda la zona de impacto de un potencial accidente o evento nuclear nivel 7 en la escala del INES, incluidas las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa, y en base a todo lo anterior, se pronuncien administrativamente las autoridades y jurisdicciones pertinentes. Se requiere además que cese toda continuidad de negociaciones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para el financiamiento de la extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I, hasta tanto se presente el Estudio de Impacto Ambiental de dicha extensión. Por último se requiere a Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que desarrollen y pongan en práctica un Manual Ciudadano para Actuar ante el peor Accidente o Evento Nuclear que pudiera ocurrir en cualquiera de las centrales nucleares de potencia (Atucha I, Atucha II, Embalse) y en reactores multipropósito y de investigación, preparando a la población con simulacros y con la elaboración de un Manual disponible en forma virtual y no virtual para todas las personas e instituciones.