DHCD-2024-7-UNC-DEC#FP

Abstract

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DECLARA Su adhesión a la resolución de la Asamblea Interclaustros (estudiantes, docentes y nodocentes) que expresa el repudio y preocupación de esta Facultad ante medidas, decretos, proyectos de ley y expresiones del gobierno nacional, que suponen o promueven la vulneración de derechos humanos y constitucionales, y la afectación de diferentes dimensiones de la salud integral y mental de la población. Diferentes normas de distintos ámbitos se ven afectadas, entre ellas, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior Nº 24521, la Resolución 136/2004 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Córdoba, las que se detallan en Anexo adjunto IF-2024-00453859-UNC-SHCD#FP con dos (2) fojas. Que este H. Consejo Directivo ya se ha expresado en su Declaración DHCD-2024-1-E-UNC-DEC#FP sobre su firme convicción de que la educación universitaria es un motor fundamental de desarrollo del país y su gente, y las Universidades Nacionales son los principales organismos de formación superior; entendiendo además a la educación como un derecho humano universal y como un bien social que debe ser garantizado por el estado y las políticas públicas. Que múltiples expresiones y medidas tomadas por el gobierno nacional vienen afectando profundamente derechos y dimensiones de la salud en dirección opuesta a lo que plantea la Constitución Nacional, la misión de la UNC, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos y los fines y principios de esta Facultad, en la cual debemos garantizar y promover estudios y prácticas en favor del respeto y garantía de derechos humanos y constitucionales, siguiendo y respetando principios democráticos fundamentales que hoy están siendo vulnerados por el gobierno nacional. Que el Sr. Presidente de la Nación Javier Milei y varios ministros, han sido denunciados penalmente por el Dr. Raúl Montenegro en la Justicia Federal de Córdoba, por la derogación de la Ley de Tierras, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Ello considerando, que el DNU 70/2023 aún vigente viola el Tratado de Escazú y el Convenio 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia se realiza debido a que estas medidas desactivan controles ambientales previstos por ley, así como desarticulan y desconocen un profundo trabajo ciudadano que logró plantear leyes vitales para la salud. Que resulta imprescindible, en tiempos de crisis política gubernamental, resguardar y proteger el ejercicio de la ciudadanía en general, y de la ciudadanía universitaria en particular, cuestión que excede ampliamente la mera transmisión de contenidos curriculares. Que es nuestro deber ético trabajar para el cuidado y protección de la salud en general y de la salud mental en particular y en favor de la garantía plena del sistema democrático vigente, tanto a nivel general como en relación de la Universidad Nacional de Córdoba y esta Facultad, en particular. Por todo ello, este H. Consejo Directivo expresa su repudio y la más profunda preocupación ante las medidas y acciones del Presidente Javier Milei y del gobierno nacional, que vulneren derechos humanos y constitucionales, comprometan la soberanía y seguridad nacional, pongan en riesgo la vida humana y no humana y afecten profunda y gravemente diversas dimensiones relacionadas con la salud pública, mental, colectiva, ambiental.