DHCD-2024-14-UNC-DEC#FFYH

Abstract

“Carta abierta en repudio del proyecto de ley que busca imponer a la educación como servicio estratégico esencial”

En un contexto de ataque a la educación pública y gratuita, desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico y desmantelamiento de la políticas orientadas a la inclusión y sostenimiento de los sectores vulnerados, de pérdida general del poder adquisitivo de los salarios de lxs trabajadorxs y desvalorización de la profesión docente por parte del gobierno nacional y provincial, creemos necesario que la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) se exprese en defensa de la Educación y sus trabajadorxs. Nuestrxs egresadxs que se desempeñan en los diferentes niveles educativos están atravesando una situación crítica caracterizada por la negativa a negociar paritarias, en la eliminación del FONID, la ralentización de la entrega de materiales educativos a las escuelas, los recortes en infraestructura escolar, entre muchos otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, a lo que se suma la creciente inestabilidad económica bajo la máscara de la disciplina fiscal. Sumado a ello, en una situación de creciente movilización social, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de declarar a la educación como un “servicio esencial”; un proyecto que pretende –de manera encubierta– atacar el derecho a la protesta de lxs trabajadorxs de la educación y mercantilizar el acceso a la misma. En este sentido, se trata de una propuesta inconstitucional, que no dispone inversión alguna en educación en ninguno de sus niveles. Contradice la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo (sancionada en el año 2005 y promulgada en enero del 2006) y la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, la cual establece a la educación como una prioridad nacional, constituyéndose en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. Esta ley regula el ejercicio del derecho personal y social de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, a la vez que establece la educación y el conocimiento como un bien público que deben ser garantizados por el Estado. Desde esta perspectiva, y recuperando las expresiones de colegas y compañeros/as del ámbito educativo, consideramos necesario reafirmar que el acceso a la educación es un derecho conquistado a partir del compromiso solidario de todas las personas que habitamos este país. De tal manera, la educación debe ser entendida y defendida como un derecho social, del cual se derivan dos hechos políticos fundamentales: En primer lugar, en tanto la educación es un derecho humano fundamental, no puede tornarse en un “producto” pasible de ser privatizado y vendido –cuyo acceso estaría limitado por la capacidad de pago de sus “consumidores”- y debe ser asegurado por el Estado. El estado nacional y los estados provinciales deben garantizar el acceso a la educación a partir de un presupuesto suficiente que asegure salarios dignos para los docentes, infraestructura adecuada, equipamientos necesarios (materiales, pedagógicos y didácticos) y condiciones apropiadas de trabajo y estudio para toda la comunidad educativa. En segundo lugar, en caso de aprobarse la ley de “esencialidad”, los “prestadores” (docentes y nodocentes) de tal “servicio” se verán obligados a asegurar el funcionamiento de las escuelas aun en situaciones de paro y conflicto laboral-presupuestario como el actual. Como consecuencia, se ataca el ejercicio del derecho constitucional a la protesta y se limita la organización colectiva sindical, medios fundamentales a partir de los cuales lxs trabajadorxs de la educación pueden hacer escuchar su voz, expresar sus reivindicaciones, participar en la definición de las formas de enseñar, conseguir el reconocimiento de su labor y condiciones dignas de trabajo. Cabe remarcar la importancia de la educación pública en nuestra provincia: la gran mayoría de los profesionales que trabajan en Córdoba son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. De manera que el problema del presupuesto universitario no se limita a las aulas y pasillos de la UNC, sino que trasciende al desarrollo de la sociedad en su totalidad (producción, servicios, educación, cuidados, medicina, etc.), también afectada por la crisis actual. En nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades en particular, gran parte de los egresados ejercen su labor profesional en la escuela secundaria e Institutos de Formación Docente como profesores y aportan al desarrollo de la universidad en tareas mayoritariamente realizadas ad honorem. Consideramos que lo que está en debate es qué modelo de educación practicamos y defendemos: una que se guíe por las demandas del mercado o, más bien, una construida a partir de las necesidades comunes, entendida como un derecho público y comunitario que propugne por un compromiso social y político que excede los proyectos individuales, y contribuya a construir una sociedad más justa e igualitaria. La única forma de mejorar el sistema educativo es con más y mejores políticas públicas que atiendan a las necesidades actuales pensando a la educación desde un enfoque integral de derechos, no con el cercenamiento de las conquistas de sus trabajadores. Invitamos a la comunidad universitaria en su conjunto a manifestarse en contra de este avance que favorece una perspectiva mercantilista, anti derechos y de vaciamiento de la educación.