DHCD-2025-4-UNC-DEC#FFYH

Abstract

El H. Consejo Directivo DECLARA Su apoyo a la lucha que los y las trabajadores/as judiciales llevan adelante hace más de un mes por mejorar sus condiciones laborales y exigiendo la equiparación laboral, acordes a lo que corresponde por derecho. Recientemente se realizó un paro de 72 horas, movilizaciones masivas y asambleas, acompañando, también, luchas como la de los despedidos del hospital Rawson o la ronda de jubilados de todos los miércoles. Motiva estas luchas la situación de precarización laboral que están viviendo hoy las y los trabajadores/as judiciales con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Hasta el mes de febrero de este año, el sueldo neto de un empleado judicial ingresante asciende a un monto de $626.000, un empleado sin título con 1 año de antigüedad asciende a $797.304,23 (incluye asignación familiar por hijos y ayuda escolar), mientras que uno de 5 años de antigüedad llega a $894.470,58. Incluso muchos de estos trabajadores son estudiantes de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad o egresados de la misma. Las y los trabajadores, además, sufren una sobrecarga de trabajo en un contexto de creciente inseguridad que multiplica los casos que llegan a la justicia, multiplicando la carga laboral de estas y estos trabajadores. Esta sobrecarga también se refleja en las constantes modernizaciones que se dan a costa de cargar más responsabilidades sobre los empleados. Garantizar el acceso a la justicia es primordial para garantizar la protección de derechos y quienes prestan este servicio son las y los trabajadores. Por ello, declaramos nuestro repudio a la situación de diferencia salarial dentro del Poder Judicial y exigimos la equiparación salarial correspondiente. Nos solidarizamos con los y las trabajadores/as judiciales que hoy están en lucha y con su demanda por reconocimiento como parte fundamental del funcionamiento del Poder Judicial. Solicitamos al Gobierno Provincial que revierta de manera inmediata esta situación de precarización laboral de los y las empleados/as judiciales, encontrándose muchos por debajo de la línea de pobreza.