DHCD-2025-2-UNC-DEC#FP

Abstract

Su firme respaldo al Proyecto de Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas, al considerar que constituye una herramienta clave para asegurar el derecho a la educación superior y la sustentabilidad del sistema universitario público en todo el país. En este sentido, este cuerpo adhiere al pronunciamiento realizado por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, acompañando de manera integral la demanda por un financiamiento justo, sostenido y estructural para las universidades públicas, que permita garantizar su pleno funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. Tras meses de ajuste, recortes y desfinanciamiento, el Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario se presenta como una respuesta concreta a esta exigencia colectiva y legítima de toda la comunidad universitaria: garantizar un presupuesto acorde a las necesidades reales del sistema, condiciones dignas para enseñar y estudiar, y el reconocimiento al trabajo docente y nodocente. La iniciativa contempla, entre otros puntos centrales: ● Un aumento progresivo del presupuesto universitario, hasta alcanzar el 1,5% del PBI para el año 2031; ● La actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento e infraestructura; ● Paritarias obligatorias y trimestrales para docentes y nodocentes, con aumentos que igualen o superen la inflación; ● La ampliación y fortalecimiento de becas universitarias, con mejora progresiva de los montos y requisitos de acceso; ● La inclusión de políticas de bienestar estudiantil, conectividad, desarrollo regional y federalización de la educación. Actualmente, el sistema universitario opera con menos del 50% del presupuesto necesario, mientras más del 70% del personal docente y nodocente percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. Las obras de infraestructura están paralizadas, y gran cantidad de estudiantes enfrentan serias dificultades para sostener sus estudios. Este proyecto de ley apunta a romper con la lógica de la emergencia permanente y establecer un piso legal y financiero que asegure el funcionamiento pleno de las universidades públicas, consolidando el financiamiento como una política de Estado que no dependa de la voluntad política de turno. La histórica Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024, con más de un millón de personas en las calles de todo el país, evidenció que la universidad pública es un valor irrenunciable para nuestra sociedad. La masividad y pluralidad de esa jornada dio cuenta del consenso social en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Por todo ello, se declara el respaldo al proyecto de ley impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se compromete a continuar trabajando por una universidad que garantice el ingreso, la permanencia y el egreso de quienes estudian, con presupuesto suficiente, salarios dignos y condiciones materiales para seguir transformando la realidad a través de la educación, la investigación y la extensión. La educación superior pública debe ser garantizada como derecho, no como privilegio.