DHCD-2025-5-UNC-DEC#FP

Abstract

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DECLARA Su posicionamiento frente al rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Después de semanas de lucha y movilizaciones en todo el país, el Congreso ratificó la Ley 27.793 y el veto a la Emergencia en Discapacidad quedó atrás. En este contexto de recortes y dificultades que atravesamos todos los ciudadanos argentinos, esta Ley se vuelve una urgencia para salvaguardar el bienestar de uno de los sectores más vulnerabilizados: las personas con discapacidad. Esta conquista garantiza derechos largamente postergados, que hoy el Estado tiene la obligación de garantizar, tales como la regulación de pagos y actualización de aranceles para prestadores de salud; el fortalecimiento de pensiones no contributivas y el financiamiento adecuado y la exigencia del cumplimiento del 4% de cupo laboral en los ámbitos públicos, entre otros. Como institución del ámbito de la salud mental, nos sentimos especialmente interpelados a pronunciarnos respecto a la necesidad del cumplimiento de este tipo de medidas, que impactan de manera directa sobre las posibilidades del buen vivir de un gran sector de los usuarios y profesionales de la salud mental. Cabe señalar que el ámbito de la discapacidad se presenta en muchos casos como la primera posibilidad de salida laboral para las y los graduadas/os de esta Facultad, que se manifiesta con frecuencia en un marco de notable precarización. Celebramos a los miembros del cuerpo legislativo que han hecho posible la aprobación de esta norma, al tiempo que convocamos a la sociedad a reflexionar, en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre, acerca de la importancia de elegir con responsabilidad a quienes integrarán dicho cuerpo, en un escenario signado por severas medidas de recorte de derechos impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional. En esta misma línea, solicitamos la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y exhortamos a los legisladores a sostener una postura coherente frente al inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada gracias a la lucha conjunta de las universidades públicas de todo el país.