DHCD-2026-1-UNC-DEC#FP

Abstract

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA D E C L A R A: Su profunda preocupación ante la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas argentinas, como consecuencia de la falta de actualización de las partidas asignadas y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En un contexto de alta inflación acumulada y sostenido deterioro del salario real, la ausencia de respuestas concretas compromete gravemente el funcionamiento académico, científico e institucional de nuestra Facultad. La degradación de las condiciones salariales de Docentes y Nodocentes no solo vulnera derechos laborales, sino que erosiona las bases mismas sobre las que se sostiene la universidad pública: el trabajo comprometido, la producción de conocimiento y la transmisión crítica del saber. Resulta particularmente alarmante que, mientras se presenta discursivamente un horizonte de modernización y eficiencia del Estado, se desfinancie de manera sistemática a uno de los pilares estratégicos para el desarrollo nacional: la Educación Superior Pública. El incumplimiento de la normativa vigente no constituye un hecho meramente administrativo, sino una decisión política que impacta de manera directa en el derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. En el caso de la Facultad de Psicología, esta situación adquiere una dimensión aún más sensible. La formación de Profesionales de la Salud Mental, la investigación científica y las acciones de extensión que desarrollamos cotidianamente se inscriben en un contexto social atravesado por múltiples formas de sufrimiento psíquico y desigualdad. Debilitar a la Universidad Pública en este escenario implica debilitar también la capacidad colectiva de respuesta frente a esas problemáticas. Este H. Consejo Directivo adhiere en todos sus términos a la Declaración de Emergencia Presupuestaria, Salarial y de Becas emitida por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y exige el cumplimiento inmediato y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, garantizando la actualización de las partidas presupuestarias conforme a la inflación acumulada. Reafirmamos, finalmente, nuestro compromiso histórico con la defensa de la Educación Pública como derecho humano fundamental y como responsabilidad indelegable del Estado. La Universidad Pública no es un gasto: es una inversión social estratégica y una condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria