DHCD-2026-4-UNC-DEC#FP

Abstract

Su profunda preocupación por la Ley N.º 27.938 Régimen Penal de Responsabilidad Juvenil recientemente sancionada por el Congreso Nacional en el mes de febrero de 2026. Este H. Consejo Directivo se expide en contra y rechaza la sanción de dicha Ley por considerar que va en contra de los compromisos asumidos por nuestra Nación en su Constitución en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penal es una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Asimismo, el presupuesto en la antedicha Ley destinado para la política de esta medida regresiva es claramente insuficiente, de modo que es una ley que sienta las bases de su ineficiencia y desresponsabilización social y estatal. Además, consideramos que, en esta coyuntura política, bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida con fines demagógicos. Proponer la baja de la edad de imputabilidad como una medida mágica para resolver problemas de seguridad es insuficiente ya que no aborda las causas de la inseguridad. En la práctica el sistema penal vigente es selectivo, criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos donde muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. Según cifras de UNICEF, del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país la participación de menores de 18 años es minoritaria y más aun de menores de 16 años. En relación con la población en dispositivos de cumplimiento de las medidas judiciales de carácter penal, el informe de UNICEF y SENAF 2022, señala que las y los adolescentes de entre 14 y 17 años incluidos en dispositivos de privación de libertad, de restricción de libertad y de medida penal en territorio representan menos del 0,1 por ciento del total de la población de su franja etaria. Necesitamos otro modelo de seguridad y una política criminal democrática en serio, que incluya a la totalidad. La propuesta de una Ley acorde a estos principios debe considerar el fortalecimiento de espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes y promover que se generen nuevos espacios, donde puedan reconocerse como actores políticos, sujetos de derechos y agentes de cambio parte de nuestra sociedad. Este H. Consejo Directivo se pronuncia a favor de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que contribuya al cuidado de nuestras infancias y adolescencias para el logro de una sociedad más justa e inclusiva