DHCD-2023-1-UNC-DEC#FFYH

Abstract

El Honorable Consejo Directivo declara: que como integrante del Comité de Solidaridad con los pueblos Latinoamericanos, denuncia y repudia enérgicamente las graves violaciones a los Derechos Humanos que se suceden ininterrumpidamente desde hace semanas en el hermano país del Perú. El Estado de Emergencia decretado por las autoridades peruanas –encabezadas por Dina Boluarte- funciona de hecho como una situación dictatorial o de facto, al habilitar la suspensión de los derechos constitucionales y practicar las políticas de represión y censura de la expresión popular que han dejado como resultado más de 50 asesinatos de ciudadanos y ciudadanas, y más de 1000 personas heridas por parte de a fuerzas de seguridad en todo el territorio peruano –es significativo señalar que muchos heridos no denuncian y no acuden a los hospitales por temor a ser detenidos y sus familiares son perseguidos y acosados, por lo que se estima aún más alto el número de asesinados y heridos. Amnistía Internacional ha denunciado que en Perú se están cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos”, con “ataques generalizados contra la población” y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales. El informe de denuncia califica estos hechos como “crímenes contra el derecho internacional” y señala que el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas. Los pobladores indígenas de las zonas andinas, las más pobres y marginadas, víctimas de un racismo histórico, son la gran mayoría de las víctimas de la represión actual; las regiones con población mayoritariamente indígena representan el 13 por ciento de la población total del país y concentran el 80 por ciento de las muertes por la represión. Tres organismos de derechos humanos peruanos, el Instituto de Defensa Legal, APRODEH y Paz y Esperanza denunciaron penalmente a Boluarte, ministros y altos mandos policiales, por el caso de seis muertes y decenas de heridos en la andina Andahuaylas. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como crimen de lesa humanidad. Y la Misión Argentina de Derechos Humanos denunció la represión y se encuentra en territorio peruano recabando testimonios. Exhortamos a la Universidades públicas de Argentina y Latinoamérica y a los Organismos Internacionales Multilaterales y de Derechos Humanos, a repudiar los hechos ocurridos; a exigir el cese de la represión y la violencia racista y bregar por la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, exigimos a los mecanismos y organismos regionales de protección de Derechos Humanos llevar adelante acciones que, por un lado, favorezcan la sustanciación de procesos judiciales a los efectos de establecer la responsabilidad penal por los crímenes cometidos, alcanzando a toda la cadena de mandos; y por el otro, propicien políticas de reparación y acompañamiento integral de las víctimas de la represión estatal. Por una América Profunda plurinacional, libre de violencias, conviviendo en democracia. Por un continente de paz y de respeto por los Derechos Humanos. Por el buen vivir de nuestros pueblos. En América Latina dictaduras NUNCA MÁS .