DHCD-2025-5-UNC-DEC#FFYH

Abstract

El del H. Consejo Directivo DECLARA Su profundo rechazo, preocupación y estado de alerta respecto a la situación presupuestaria de nuestras Universidades y, por lo tanto, su solicitud a los Diputados Nacionales de la Provincia de Córdoba y en extensión a sus partidos políticos para que voten de manera favorable el Proyecto de actualización presupuestaria de las Universidades Públicas que se va a presentar en el Congreso de la Nación en las próximas semanas. Las partidas presupuestarias de las Universidades Nacionales se mantienen de forma inalterada desde 2023, con un presupuesto reconducido que actualmente se encuentra un 134% por debajo de la inflación en gastos de funcionamiento. De este modo, la totalidad de lo destinado a la educación superior por el gobierno nacional cubre tan solo el 50% de los fondos mínimos requeridos para su íntegro funcionamiento. En consecuencia, la amplia variedad de recursos y funciones que hacen a la misma - como las iniciativas en extensión, investigación y permanencia - enfrentan una profunda crisis para mantenerse en pie. La situación no es novedosa pero sí, cada día, más crítica. Lejos de ser un problema coyuntural, lo que estamos viviendo desde el año 2024 es una política deliberada de desfinanciamiento y vaciamiento universitario. Al mismo tiempo, las condiciones materiales de lxs trabajadores universitarixs se encuentran en un punto crítico, con índices que se equiparan a la situación económica-salarial del 2001. Nos encontramos ya a mediados del 2025 y, como las proyecciones de los gremios docentes adelantaron a inicios de año, la pérdida del poder adquisitivo se encuentra en un 40%. En una coyuntura sin paritarias nacionales a la vista, el 70% de los docentes y nodocentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Según datos detallados en el informe del Dr. Rodrigo Quiroga (INFIQC-CONICET, FCQ-UNC), desde la asunción del actual gobierno se registró una caída real del 29% en el presupuesto universitario total, con recortes aún más severos en funciones esenciales: -35% en funcionamiento, -26% en salarios, -87% en ciencia y tecnología, y - 50% en salud universitaria (exceptuando a la UBA). Ello supone que existe el peligro de la discontinuidad de líneas de investigación y extensión. Y produce una pérdida de recursos humanos calificados. Algunxs docentes universitarixs están eligiendo otros rumbos, ya sea en el exterior, o en el sector privado. Lxs docentes que están al frente de los trabajos prácticos, con poca antigüedad, están cobrando alrededor de 165 mil pesos de bolsillo. En cuanto a la comunidad estudiantil, el deber de garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso se torna una labor cada vez más difícil de sostener frente a un contexto económico expulsivo que implica no solo la extensión real de la duración de nuestras cursadas, sino también la necesidad de cada vez más estudiantes de combinar sus estudios con uno o más trabajos. A esto se suma la política de ajuste del gobierno nacional sobre los dispositivos de permanencia, lo que resulta, por ejemplo, en la restricción y congelamiento de las becas PROGRESAR y el recorte del alcance de las Becas Manuel Belgrano (dentro del cual se incluye la eliminación de las carreras de la FFyH). Al considerar estas situaciones, es necesario también incluir los vertiginosos aumentos en alquileres, transporte - con un 558% acumulado - alimentos y otros rubros fundamentales. Frente a esta situación, tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general demostraron sostenidamente que no están dispuestas a resignar el derecho a una educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. En este sentido, como Facultad de Filosofía y Humanidades dimos un paso a la acción desde agosto de 2023, tras el resultado de las PASO, y nos mantuvimos en pie de lucha hasta la actualidad con asambleas interclaustros, clases públicas, masivas participaciones en las marchas universitarias y demás modalidades de movilización. Sin embargo, aún queda mucho por decir y por hacer. Consideramos fundamental sostener la afirmación de que el conflicto universitario no está saldado y que las condiciones de cursada del 2025 distan mucho de asimilarse a una “normalidad”. La Universidad Pública representa las oportunidades de movilidad social ascendente y la construcción de sistemas de conocimiento científico soberano, valores irrenunciables para proyectar el país que queremos. Cabe destacar que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en 2024 no fue solo un acto institucional profundamente dañino, sino que es una señal política clara de un gobierno que NO está dispuesto a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad. Por ello, como cuerpo colegiado reafirmamos nuestra defensa irrestricta de la Educación Pública, Gratuita y de Calidad. La necesidad urgente de recomponer los salarios docentes y no-docentes. La urgencia en un panorama internacional y académico cambiante y disruptivo de sostener la investigación universitaria y el CONICET. La imperiosa necesidad de un presupuesto acorde a la función docente, no docente, investigativa y de extensión de nuestras Universidades Nacionales. En definitiva, nuestro compromiso por sostener y amplificar las acciones en defensa de la Educación Pública, adherimos al pedido por una Nueva Marcha Federal Universitaria y solicitamos a nuestrxs representantes en el Congreso de la Nación que impulsen y acompañen la nueva Ley de Financiamiento Universitario.